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Terrorismo Judicial en Venezuela

Pérdida de dependencia en el poder judicial venezolano

María Lourdes Afiuni fue privada de libertad el 10 de diciembre del 2009. Fue detenida por dejar en libertad condicional a un banquero al cual el mandatario nacional le tenía un seguimiento.

Afiuni todavía es jueza de la República Bolivariana de Venezuela, aunque estuvo presa en el INOF, con varias mujeres que ella misma mandó a encarcelar por haber cometido, más que una falta, una especie de “pecado revolucionario”.

En teoría, el hombre -de nombre Eligio Cedeño- coadyuvó a la adquisición ilegal de 27 millones de dólares del sistema de control cambiario, pero se comenta que el desprecio oficial se lo habría ganado por haber ayudado a fugarse al ex sindicalista y líder del paro petrolero Carlos Ortega.

Cedeño, quien ya llevaba tres años preso sin juicio culminado (la ley venezolana establece que a los dos años sin juicio, la persona debe ser liberada), hoy se encuentra en Estados Unidos.

Desde aquel día en que el mismísimo Presidente de la República pedía, en cadena nacional,  la pena máxima para María Afiuni olvidando por completo la presunción de inocencia, el debido proceso y otras normas constitucionales que como jefe del Estado debería conocer, la juez ha vivido un calvario de arbitrariedades y reiteradas violaciones a su condición de ciudadana.

El informe mundial 2011 de Human Rights Watch (HRW), la organización defensora de los derechos humanos con sede en Nueva York, presentado en Bruselas, Bélgica, señaló que  la "situación precaria" de los derechos humanos en Venezuela está determinada,  por lo que definió como la dominación que ejerce el gobierno venezolano" sobre el sistema judicial y el "debilitamiento de los valores democráticos".

"Sin control judicial sobre sus acciones, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha minado sistemáticamente la libertad de expresión y prensa, la libertad de los trabajadores a asociarse y la capacidad de los grupos defensores de los derechos humanos" de realizar su trabajo, sostiene el informe presentado en Bruselas.

También el informe reprocha a Venezuela los casos de abuso policial y persecución de los políticos opositores.

En particular, el informe señala que la falta de independencia del poder judicial en Venezuela queda expuesta por la detención de la jueza María Afiuni a quien se le ha violado sus derechos humanos.

Deterioro general de la salud

Según un trabajo de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la salud de María Lourdes Afiuni sufrió un preocupante deterioro desde su ingreso al INOF. Su cuadro general médico y emocional fue constatado por un equipo forense que le practicó médicos, psiquiátricos y psicológicos entre el 8 y 9 de abril de 2010, por solicitud del Ministerio Público.

Del examen médico, se concluye que presenta un “estado general satisfactorio”. Sin embargo, se hace referencia a lesiones en la piel ocurridas a comienzos de abril, como resultado de la prescripción de un medicamento que contenía penicilina, sustancia a la cual es alérgica y que le provocó una reacción. Al producirse esta reacción alérgica, paramédicos del cuerpo de bomberos recomendaron su traslado a un hospital, pero las autoridades de la cárcel negaron dicha asistencia.

A mediados de marzo de 2010, María Lourdes Afiuni sintió un pequeño bulto en la zona entre la axila y el seno y a inicios de mayo su abogado solicitó autorización al juez de la causa, para que fuese trasladada a la Dirección Nacional de Ciencias Forenses (DNCF) con el objeto de practicarle un examen. El juez negó el traslado al IMF y ordenó que fuera examinada por la médico del INOF, quien confirmó la presencia de un pequeño bulto y recomendó su traslado a un centro médico a fin de realizar todos los exámenes necesarios. El juez, sin embargo, rechazó la solicitud de traslado hecha por la defensa para que fuese examinada por su médico de confianza en una clínica privada (Clínica Metropolitana de Caracas) y ordenó su traslado al Hospital Militar de Caracas, pero la juez se negó a ir.

Negación de servicios religiosos

Recién llegada al INOF, María Lourdes Afiuni visitó la capilla una vez de noche, mientras la población del penal estaba recogida y en junio la llevaron a ver una gruta de la Virgen de Lourdes que hicieron unas internas, también mientras la población estaba cerrada.

Desde su construcción en 1954, el INOF fue administrado por las hermanas del Buen Pastor, hasta que finalmente el Ministerio de Justicia se hizo responsable del nombramiento de su directora y demás personal de custodia, a partir de 1984. Desde entonces, la religiosa que estaba a cargo de la administración del penal, ha seguido realizando visitas periódicas a las reclusas. Solo en una oportunidad se la ha permitido visitar a María Lourdes Afiuni.

La capilla del INOF está abierta los siete días de la semana del 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:30 pm; todos los domingos se celebra misa a las 4:00 pm; María Lourdes Afiuni no tiene acceso a la capilla ni a los servicios religiosos. Tampoco pudo asistir a los servicios con motivo de la Semana Santa. El sacerdote del penal solo la vio en una ocasión, recién llegada.

En febrero de este año fue llevada a su casa como consecuencia de la operación que se le practicó de urgencia debido a un problema en el útero, la operación fue exitosa y el Tribunal 23 de Juicio acordó la medida de casa por cárcel para la juez.

Sin embargo las veces que se ha presentado al Tribunal no le respetan sus derechos y Alí Fabricio Paredes, el juez de su causa, más de una vez ha pretendido  llevarla a la sala de audiencias a la fuerza, sin la presencia de sus abogados y la fiscal del Ministerio Público cabe destacar que el juez Fabricio fue recusado y que el Tribunal Disciplinario admitió una denuncia en su contra.

Jessica De Gouveia