Historias6B

La memoria de los muertos continúa bañada

de impunidad

En la Venezuela de finales de los años 80, sólo parece resaltar la moda de muchachas con pantalones bombachos y ruedos tubitos, el cabello con permanente y pañuelos como cintillo, cantando la canción de “no controles” de una conocida banda de la época llamada “Las flans”. Muchos no tienen memoria cronológica para recordar estos tristes acontecimientos, otros no tienen memoria histórica ni crítica, pues quien nada pierde nada recuerda.

Un 16 de febrero de 1989, el presidente de la república, Carlos Andrés Pérez, se dirige a la nación en cadena nacional para anunciar la aplicación de un programa de ajustes macroeconómicos llamado “El Paquete Económico”, el cual regiría su gobierno en los próximos 5 años.

Entre las principales medidas estaba el de recurrir al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el fin de obtener un préstamo por el orden de los 4.500 millones de dólares en los tres próximos años , pero bajo rigurosas condiciones como: liberación de tasas de interés activas y pasivas, unificación cambiaria con la eliminación de la tasa preferencial, liberación de los precios de todos los productos, regulación de 18 productos de la cesta básica, incremento de las tarifas de servicios públicos, aumento del 100 % del precio de la gasolina, el aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30% y aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30%, según fuentes (http://www.defensoria.gob.ve).

Para el día lunes 27 de Febrero, ya comenzaba una oleada de malestar y zozobra en ciertas ciudades satélites como Guarenas, Guatire y Los Teques, donde se desarrollaron protestas por dichas medidas. Eso desencadenó una explosión social de trágicas dimensiones. Este llamado “paquetazo” con directrices del FMI representó un golpe duro y asentado en la economía de los venezolanos, específicamente en las familias de bajos recursos que, para la época, según cifras del la Oficina Central de Estadística e Información (OCEI) aseguran que la pobreza se incrementa de 55,2% en 1988 a 67,2% en 1989. Datos del ente estadístico aseguran que la seguridad social pierde importancia al igual que la formación de profesionales.

Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes salieron a protestar el aumento desproporcionado de la cesta básica, de los servicios (incluida la luz, el agua y el servicio telefónico) de las medicinas. Estas protestas generaron una ola avasalladora de descontento social, de amargura reprimida producto de tantos años de necesidad constante, de tanta exclusión, por lo cual se generaron fuertes saqueos que se extendieron geográficamente como pólvora por la gran Caracas y el estado Miranda.

El Ejército Venezolano y demás cuerpos de seguridad nacional como la Policía Metropolitana y la Disip, salieron a las calles a tratar de frenar esta revuelta social, pero esa orden tomó otro matiz. A pesar de que estos saqueos eran la causa (o acaso excusa) para la supuesta restauración del orden, la represión por parte de los mismos fue tan desmedida y el enfrentamiento tan asimétrico, que el saldo resultante se reflejó en unas calles bañadas de sangre, con cientos de muertos inocentes y culpables quien sabe de qué verdad relativa. Los medios de comunicación criminalizaron la protesta y justificaron la represión

El saldo oficial, anunciado por el Ministerio Público de la administración CAP hablaba de 600 personas muertas durante los sucesos, sin embargo distintas ONG como COFAVIC, (Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero) y demás denuncias registradas, dan una cifra muy diferente de más de 1600 muertos, entre cadáveres y desaparecidos. Quedaba mucha verdad por descubrir.

Una de las imágenes más representativas y plasmadas en la memoria de miles de venezolanos, espectadores o protagonistas del caracazo, fue la de personas que arrastraban aparatosamente los cuerpos casi enteros de las vacas que estaban en las cavas refrigeradas de abastos y frigoríficos. Muchos recordarán la conocida cadena de supermercados Victoria. Muchos recordaran entonces la sucursal de la avenida San Martin, la cual fue abierta y violentada completamente por todos los lados de su metálica santa maría. Estos, son, sin duda alguna, evocaciones que harán recordar y sonreír lejanamente a unos, pero tristemente marcaron el corazón y la vida de otros.

Tal es el caso de la señora Antonia, una humilde madre habitante desde hace más de 30 años del barrio “El Guarataro” que perdió a su hijo trágicamente en los saqueos del caracazo, el cual fue asesinado a sangre fría aparentemente por uno de los “cuerpos de seguridad” que trataban de controlar la situación.

Es importante recordar el toque de queda, que era desde las 6:00 pm hasta las 6:00am y la suspensión de las garantías constitucionales, las cuales habían sido eliminadas por órdenes de CAP hasta que supuestamente se restableciera el orden social, sin embargo llama poderosamente la tensión que para tal situación la medida era completamente extrema y que esta violó el primer derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida.

Muchas personas no se imaginan lo doloroso que ha de ser conseguir a un hijo, un padre, una esposa o una hermana asesinado en un hecho donde bien pudo haber participado o no, y que aun, cuando hubieren saqueado, tenían derecho a preservársele la vida y a tener un debido proceso según el caso. Ese dolor, aumentado por la rabia de conseguir el cuerpo de su víctima en una de las fosas comunes halladas en la llamada “Peste” ubicada en la parte alta del Cementerio General del Sur, ese dolor de incluso no encontrar jamás a ese ser querido y no tener ni siquiera el consuelo de un cuerpo, de un sepulcro, ese dolor se aviva gracias a la impunidad que arropa la memoria de sus muertos.

En Venezuela, existen muchas personas marcadas por este suceso, muchas Antonias aun esperan que sus seres queridos regresen sanos y salvos. Muchas personas aun claman justicia pero cabe preguntarse, ¿quién pago por estas personas asesinadas? El ex presidente CAP falleció el 25 de diciembre de 2010, pero eso no da por sentado que la justicia divina sólo se haya llevado al primer culpable de tan lamentable situación. Aun quedan culpables y son muchos.

Según COFAVIN, el 27 de Febrero del 2011, a 22 años del caracazo, “la impunidad persiste y el Ministerio Público ha informado a medias sobre los resultados de una segunda exhumación, realizada en septiembre de 2009. Esta vez se negó la participación de los familiares de las víctimas, los más interesados en saber dónde fueron a parar los restos de sus seres queridos y que se identifiquen, juzguen y sancionen a los responsables de los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989” según la fuente.

Queda solo como moraleja o reflexión, sobretodo para los jóvenes, que los derechos humanos han sido violados sistemáticamente en el mundo entero y Venezuela, lamentablemente, no escapó de esa triste realidad. Que en la “democracia” también se cometieron actos atroces. Actualmente se le acredita al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías actos de lesa humanidad, cuando en realidad ni siquiera hemos apoyado a estas victimas del caracazo a esclarecer la verdad de una realidad ocurrida mucho antes de este gobierno.

Si bien es cierto que actualmente se vive una realidad bastante difícil en materia de seguridad, no es menos cierto que este tema es un “mounstro de muchas cabezas” gestadas desde hace muchos años y que entre la ineficiencia en la creación y aplicación de políticas efectivas que combatan a la inseguridad y la apatía e indolencia de todos los ciudadanos en no participar para siquiera generar propuestas, han hecho de este problema una situación alarmante.

Sin embargo, no hay que caer en disociaciones por tener alguna de las 2 tendencias ideológicas y políticas actuales, hay que ser objetivos, lo que está mal esta mal aquí y allá, con este o con aquel, recuerden, una cosa es ser adepto o simpatizante y otra, muy distinta, es ser ignorante.

Yilmara Mago